- El último borrador de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cibercrimen se enfrenta a una importante votación
- Está previsto que Estados Unidos apoye el tratado.
- Los defensores de los derechos humanos dicen que el acuerdo facilitará que los regímenes autoritarios amplíen la vigilancia.
nuevo borrador de Convención de las Naciones Unidas sobre el delito cibernético Está previsto que se enfrente a una votación clave y se dice que la administración Biden está dispuesta a apoyar el tratado, a pesar de las críticas de organizaciones de derechos digitales y activistas de derechos humanos.
La convención es la primera legislación legalmente vinculante de las Naciones Unidas en materia de ciberseguridad, y sus proponentes esperan utilizarla para crear un marco global que los países puedan utilizar para investigar y prevenir los delitos cibernéticos.
Sin embargo, Cisco no sólo está pensando El tratado se queda corto Para proteger adecuadamente los derechos humanos básicos, algunos activistas dijeron que este acuerdo en realidad facilitaría que los regímenes autoritarios abusaran de su poder y ampliaran el alcance de la actuación policial y la vigilancia.
Amplias deliberaciones
Los funcionarios estadounidenses confirmaron consultas con países aliados y revisaron cientos de solicitudes escritas presentadas por ONG y, en última instancia, “decidieron permanecer con el consenso”.
Un factor que contribuyó al apoyo de los Estados Unidos fue la necesidad de influir en las enmiendas y actualizaciones posteriores del Tratado, lo que podría facilitarse mediante el apoyo desde las primeras etapas.
Un grupo de senadores demócratas escribió recientemente que el tratado podría “legitimar los esfuerzos de los estados autoritarios” para censurar y monitorear a los usuarios de Internet y a los activistas políticos.
“Aunque los esfuerzos del Poder Ejecutivo para orientar este tratado en una dirección menos dañina son loables, se debe hacer más para evitar que el Tratado sea utilizado para justificar tales acciones”, dijeron los senadores en una carta conjunta al Secretario de Estado. General, et al.
Una de las principales preocupaciones de los grupos de derechos digitales es que el tratado no se centra en los delitos cometidos contra sistemas informáticos, por ejemplo ransomware. En cambio, la legislación se centra en los sistemas de comunicaciones digitales y podría usarse como una extensión de los poderes de vigilancia policial en lugar de proteger a los usuarios de Internet y a las empresas del ciberdelito.
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